- Editorial del presidente de Sogama, Javier Domínguez, correspondiente al último número del boletín informativo de la Sociedad
Cerceda, 3 de junio de 2026.-Tras décadas operando bajo estrictos estándares medioambientales, industriales y de calidad, hoy, más que nunca, parece indiscutible el papel crucial que desempeñan las plantas de valorización energética de los residuos no reciclables para reducir el uso del vertedero, último eslabón en la jerarquía de gestión promulgada por la Unión Europea debido a su alta carga contaminante y a sus perniciosos efectos para el entorno y la salud pública. De ahí que llame poderosamente la atención que el gobierno central, ante una tasa de vertido en España próxima al 50%, no solo continúe mirando para otro lado, sino que se apunte a todo lo que implique sancionar y penalizar con impuestos a la única alternativa viable al vertido, alineándose con ese falso argumento pseudo-ecologista de que si reciclamos todo, ya tenemos el problema solucionado.
Quizás se haya olvidado el Gobierno de España de que hay un alto porcentaje de residuos que no pueden ser reciclados, y no porque no haya voluntad, sino porque los productos que algún día fueron se fabricaron con materiales no reciclables. Únicamente se busca el problema al final de la cadena, cuando realmente está en el origen. Pero, entretanto, ayuntamientos, ciudadanos y empresas de gestión estamos pagando por lo que otros no hacen.
El Estado castigó a las plantas de valorización energética porque, a su juicio, o a juicio de determinados grupos simpatizantes y de presión, impedíamos el reciclaje, cuando, a pesar de que esa no es nuestra función, en Sogama incluso acometimos grandes inversiones para recuperar, de la basura en masa, aquellos materiales potencialmente reciclables que el ciudadano debería haber introducido en otros contenedores de recogida selectiva. Luego suprimió en 2023 la retribución a la inversión de la planta termoeléctrica, cuando estaba comprometida hasta 2026, y redujo la retribución a la explotación de la planta de cogeneración. Muchos gobiernos europeos se negaron a imponer estas sanciones, convencidos de que, no solo no incentivarían el reciclaje, sino que serían un varapalo para las arcas locales.
Ahora que Bruselas escuchará a los Estados miembro para saber si están a favor o en contra de incluir las plantas de valorización energética en el comercio de derechos de emisión, el Estado español ni está ni se le espera. Otros países, como es el caso de Francia, ya se han pronunciado al respecto, rechazando la inclusión de estas instalaciones en el nuevo Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE) de la Unión Europea debido a múltiples razones, siendo una de las más evidentes que estas plantas no pueden hacer magia y cambiar la composición de los residuos que recepcionan en las mismas, debiendo dispensarles tratamiento tal cual les llegan en su condición de servicio público. También que el desembolso económico que las plantas deberán hacer en relación al RCDE, y que en el caso de Sogama ascenderá a 14 millones de euros, se repercutirá a los ayuntamientos y, por ende, a las familias, con la particularidad de que una nueva penalización a la valorización energética, incentivará el vertido, que paradójicamente, y también por mandato europeo, debería estar limitado al 10% en 2035..
El debate está sobre la mesa y el Estado ya conoce la postura del sector. Solo queda por conocer el desenlace final. En Sogama ya estamos deshojando la margarita.
Presidente
Javier Domínguez Lino
